El contador público, ya sea que actúe como contador público, auditor o
revisor fiscal, carga en sus hombros una gran responsabilidad social y
económica para con su entorno, por cuanto de su labor desarrollada cabalmente
dependen intereses de un sinnúmero de terceros, intereses que podrían verse
amenazados por un trabajo descuidado del contador público.
Toda empresa tiene la obligación de llevar contabilidad de acuerdo a las
normas y requerimientos legales, y si nos recurrimos la definición más básica y
elemental de la contabilidad, esta tiene como tarea dejar un registro de las operaciones económicas realizadas por la
empresa, de manera tal que luego se puedan generar reportes para diferentes
análisis, o simplemente para hacer verificaciones de diferentes tipos.
El problema radica en que la contabilidad la realiza la misma empresa, lo
cual puede restarle objetividad e imparcialidad
ante una mirada crítica y escrutadora desde el exterior, de allí que se
requiere de un mecanismo, una herramienta o forma de brindar confiabilidad a
esos terceros interesados respecto a la información que emana de la empresa, y
es allí donde entra a jugar un papel preponderante el contador público, pues es
este quien ha sido designado para certificar y dar fe de la idoneidad de la información contable.
La contabilidad no sólo sirve para fines internos de la empresa, no sólo
sirve para que los socios o dueños de la empresa lleven un control de los
ingresos y gastos, activos y pasivos de su negocio; sirve también para que la
empresa recurra a terceros en busca de
financiación, ya sea mediante un crédito bancario, suministro de
materias primas a crédito, o para captar recursos mediante acciones o títulos
de deuda, etc.
Es en ese proceso en el que intervienen terceros que exponen sus recursos
al hacer negocios con la empresa donde la calidad y confiabilidad de la
contabilidad adquieren verdadera relevancia. En este caso, los terceros se
basan de buena fe en la información que la contabilidad de la empresa ofrece,
por lo que es apenas justo y razonable considerar que quien haga negocios con
una empresa se expone a un riesgo derivado de una posible presentación
fraudulenta de la información contable.
Es por ello que la función del contador público es brindar esa confianza
donde por naturaleza existe desconfianza. Es su obligación y su responsabilidad
asegurarse de que la contabilidad refleje la realidad verdadera de la empresa,
y lo que esta dice tener es lo que en verdad tiene, y lo que dice deber es lo
que en verdad debe. Ni mas ni menos, pues de no ser así se está induciendo al
error a quienes hagan negocios con la
empresa, error que podría degenerar en grandes pérdidas económicas para
esos terceros de buena fe que confiaron en una empresa que no actuó de buena fe
al suministrar una información contable alejada de la realidad, deliberada y puniblemente falseada.
De modo que de la tarea del contador público depende que estos riesgos no
se presenten, y menos que se capitalicen, de allí que su labor tenga una gran
responsabilidad social y económica frente a la sociedad. Si el riesgo de que
hablamos se capitaliza habrá que decir sin vacilación que el contador público
tiene gran responsabilidad en ello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario